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sábado, 17 de diciembre de 2011

Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada

Azalea Robles

Parte I del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados

La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar.
1. Introducción a una realidad invisibilizada Hay al menos 7.500 presos políticos en Colombia, otro triste ‘record’ de un estado cuyo nivel de represión y exterminio de la oposición rebasa incluso el de las dictaduras asumidas como tal, y que goza sin embargo de amplio beneplácito en la diplomacia internacional, porque muy fácilmente la llamada“comunidad internacional” cierra los ojos sobre genocidios, si éstos permiten el saqueo de los recursos del país anegado.
La mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos encarcelados para callar su reivindicación social, desintegrar la organización política, y callar el pensamiento crítico. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios sigue recrudeciéndose. El 90% de los presos políticos son civiles, los presos políticos y de guerra de las organizaciones políticas militares FARC y ELN son aproximadamente el 10% del total de presos políticos.
Presento en esta introducción dos testimonios de presos políticos por ser esclarecedores de una realidad silenciada: El profesor Miguel Ángel Beltrán, años preso político: “La actitud de que a todo aquel que investiga la realidad social con un lente crítico se le tilda de guerrillero proviene de un Estado que persigue y criminaliza a quienes pensamos diferente. Mis escritos han sido tomados como prueba para acusarme del delito de rebelión, lo que constituye una clara persecución al pensamiento crítico.
El propósito del régimen al mantenerme privado de la libertad, es enviar un claro mensaje a los académicos críticos y a la universidad pública en general: 'cuídense de estudiar el conflicto social y armado con una perspectiva diferente a la oficial, porque miren lo que les puede suceder’. Y esto cala en algunos sectores.” [1] Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia de las aberrantes torturas que el estado colombiano comete contra los familiares de los insurgentes, una realidad silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia en su cabeza; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo.
Mi papá tenía 70 años de edad, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?” [2] Marinelly, de una familia campesina, narra que durante su niñez vivió en carne propia las agresiones que el Ejército colombiano desató contra el campesinado por pertenecer al partido opositor Unión Patriótica (UP); fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento: “parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares.” La prisionera explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”.[Ibíd. ]
El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos de defensores y abogados de presos políticos. Por esta razón los estudios, denuncias y la comunicación con los mismos presos se ve dificultada. La persecución contra los que ejercen la solidaridad con los presos políticos, el aislamiento, los traslados, los castigos contra los presos defensores de derechos humanos y las amenazas contra familiares, aunados al implacable silencio de los medios masivos de comunicación, constituyen la invisibilización de una realidad cuyas dimensiones ponen de manifiesto el carácter profundamente antidemocrático del estado colombiano.
Esta subvaloración mediática de los miles de presos políticos ha domesticado incluso las mentes de gran parte de la “izquierda”, que no los reclama debidamente; adoptando como prioridad los reclamos que imponen los mass-media y dejando casi olvidados a los miles de mujeres y hombres que están hoy tras las rejas por empeñar sus vidas en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
A la dramática situación de vulneración del derecho a conciencia, opinión y organización social, se le suma que los presos y presas están sufriendo condiciones de reclusión insalubres, con un hacinamiento extremo y la proliferación de epidemias correlativa; sufriendo penurias de los mínimos vitales que son formas de tortura y de vulneración a la integridad y a la salud como la privación de acceso al agua por períodos prolongados [3]; sufriendo atentados contra su salud y derechos básicos como lo es el suministro de alimentación en estado de descomposición o contaminada hasta por materia fecal [4], como se ha comprobado en varios penales. De igual manera se denuncia la práctica de aislar a ciertos presos políticos en medio de patios paramilitares, como medida evidente de atentar contra sus vidas. A eso se le suman otros crímenes de estado contra la población carcelaria, como lo son las torturas físicas y sicológicas y la tortura dedenegación de asistencia médica.
La declaración del último encuentro en solidaridad con los 7.500 presos políticos, expresó: “El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión, y la muerte de los prisioneros (…)
El hacinamiento obedece al aumento de internos como política criminal del Estado de aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que ‘atentan contra la seguridad del Estado’. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional.” [5] Apenas finalizado el encuentro, las retaliaciones del estado se desataron: tomando sanciones arbitrarias contra presos y presas políticas y arremetiendo con especial brutalidad contra la protesta pacífica de los presos en la cárcel de Valledupar que estaban amarrados a 15 metros del suelo desde hacía semanas en protesta por las torturas, privación de agua y tratos degradantes que les infligen [6]. La policía procedió a soltarlos con violencia de las estructuras a las que estaban amarrados provocando caídas de hasta 15 metros de los presos; para luego encerrarlos y torturar a los que estaban aún concientes. Los presos del penal relatan que oían atroces gritos de tortura y que asimismo vieron como la policía sacaba cuerpos inertes en sábanas. Se contaron más de 30 heridos, y 5 prisioneros quedaron entre la vida y la muerte [Ibíd.]
2. Vulneración de las libertades solo comparable a una dictadura militar: la sociedad entera es agredida La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar. La existencia de miles de presos políticos es relevante no solo para las mujeres y hombres que son víctimas del encarcelamiento por sus ideas, no solamente para sus familiares que son sumidos en el dolor y la persecución, sino también para la sociedad en su conjunto: en efecto, los presos políticos son seres humanos arrancados a la sociedad, privando a esta del capital humano de seres encarcelados precisamente por su entrega a la comunidad, por su indispensable trabajo documental, jurídico, docente, periodístico, sociológico, sindical, ambientalista.
Es un atentado contra el desarrollo de un pueblo. Lo que busca el estado es desarticular la organización social, hacer desaparecer el tejido socio-político que pugna por un cambio en las relaciones de poder, de desigualdad social, de tenencia de la tierra. Las desigualdad social en Colombia es extrema. Colombia es el 3er país más desigual del mundo, justo tras Haití. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por falta de agua potable, en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo.
Ante la reivindicación social natural que surge de esta situación de inequidad, el estado, funcional al gran capital nacional y transnacional que se enriquece en base a la explotación laboral y al saqueo de los recursos, reprime de manera brutal: con sus herramientas oficiales (ejército, policía, fiscales) y paraestatales (la herramienta paramilitar) aumenta los asesinatos, las desapariciones forzadas y los encarcelamientos arbitrarios de intelectuales críticos, de activistas de procesos comunitarios, de organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, viviendistas, ambientalistas, sindicalistas, etc.