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hOY ATARDECÍ PENSANDO... el cacique SABINO ROMERO es el niño que grita "el rey está desnudo...el rey está desnudo..."

lunes, 20 de septiembre de 2010

Resistencia ambientalista en el río Uruguay

Raúl Zibechi

El atardecer sobre la ribera del río Uruguay es uno de los espectáculos más hermosos que regala la naturaleza. Sobre el ancho cauce del río, más de dos kilómetros a la altura de las ciudades de Paysandú y Colón, los reflejos rosados de las nubes teñidas por el crepúsculo sobre un horizonte de verdes praderas, impregna el aire de una misteriosa serenidad. Un poema hecho canción dice que “el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja” .

Las aguas claras del río bajan encrespadas desde su nacimiento en Brasil, en el límite de los estados de Paraná y Rio Grande do Sul. Luego de recorrer 1.700 kilómetros desde sus nacientes ubicadas a casi dos mil metros de altura, vuelca sus aguas en el estuario del Plata, entre Buenos Aires y Colonia. Pese a su enorme caudal salpicado de islas en las que se refugian aves de las más diversas especies, el río está siendo sobreexplotado por la instalación de industrias de celulosa, agrotóxicos de los cultivos de soja y por las represas hidroeléctricas proyectadas y en funcionamiento.

El fin del corte

Durante la campaña electoral uruguaya, en la segunda mitad de 2009, fue posible observar un cambio de rumbo. El candidato del Frente Amplio, José Mujica, quien asumió la presidencia el 1 de marzo de 2010, se propuso mejorar las relaciones con Argentina que se habían deteriorado durante las presidencias de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. El presidente uruguayo había dicho que no estaba dispuesto a dialogar si antes no se levantaba el corte de los puentes. Pero un gobierno argentino débil tenía dificultades para levantar el corte por la fuerza.

Mujica se encargó de destrabar un conflicto que duró cuatro años. El primer acuerdo al que llegó con la presidenta argentina Cristina Kichner fue que ambos países respetarían el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimía la legalidad de la papelera UPM (ex Botnia). Se trata de una de las mayores fábricas de celulosa de América Latina que produce más de un millón de toneladas anuales. Está situada a cuatro kilómetros de Fray Bentos (25 mil habitantes) y frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú (90 mil habitantes), importante centro turístico regional. El fallo de la Corte llegó luego de tres largos años en la mañana del 20 de abril. En síntesis, el tribunal señala que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al no haberle comunicado a Argentina la construcción de la fábrica, pero a la vez dice que no hay pruebas de que la contaminación supere los estándares internacionales y pide que ambos países realicen un monitoreo conjunto del río . Aunque fue criticada por los ambientalistas porque permite la continuidad de la fábrica, la decisión fue el inicio del proceso que llevó al levantamiento del corte del puente.

Revertir una década de desaciertos no será sencillo. El presidente uruguayo Jorge Batlle fue quien inició la larga lista de malentendidos. No informó a Argentina para saltarse un largo proceso en el que podía perder la inversión de 1.100 millones de dólares de Botnia. En el parlamento, el Frente Amplio en la oposición votó contra el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia que condicionó todo el proceso posterior.

Peor aún: en febrero de 2005, apenas 15 días antes de que asumiera el primer gobierno de izquierda en Uruguay, Batlle dio el permiso para la construcción de Botnia. Esto no excusa al gobierno de Vázquez, que pasó de la oposición al apoyo a la fábrica de celulosa, pero es evidente que el gobierno de derecha dejó un problema de difícil solución. Una serie de “hechos consumados” generaron un pésimo clima bilateral.

Luego del fallo de La Haya hubo varias reuniones entre autoridades uruguayas y argentinas. No sólo estaba pendiente el levantamiento del corte del puente sino que Uruguay venía impidiendo el nombramiento de Néstor Kirchner como secretario general de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). Finalmente, ambos presidentes aceptaron que una comisión binacional de científicos monitorearan el río de forma conjunta, incluyendo las instalaciones de la celulosa.

Con ese acuerdo de fondo, una asamblea celebrada en Gualeguaychú el 16 de junio decidió por 402 votos contra 315 levantar el corte por 60 días. El 19 de junio, luego de tres años, los vehículos volvieron a circular sobre el puente San Martín uniendo las ciudades de Fray Bentos (Uruguay) y Puerto Unzué (Argentina). Un éxito para ambos gobiernos y un desafío mayor para las asambleas ambientalistas.

En adelante, las asambleas van a seguir de cerca los trabajos de la comisión de científicos. El primer lugar en el que se van a recoger muestras del agua para ser analizada es en la planta de celulosa. El segundo lugar será la desembocadura del río Gualeguaychú. Cada mes elegirán un sitio en cada orilla hasta completar doce relevamientos por año. Es seguro que habrá sorpresas.

El futuro de las asambleas ambientalistas

En todas las ciudades argentinas que bordean el río Uruguay se fueron formando asambleas ambientalistas luego que la de Gualeguaychú, la primera y la más activa, lanzara la resistencia contra la papelera Botnia. Para todas ellas el río es la vida, ya sea porque tienen puertos, o estaciones turísticas o porque muchos habitantes viven de la pesca. Los tres puentes sobre el río fueron cortados en varias ocasiones por los ambientalistas de Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Concordia.

Concepción del Uruguay es una ciudad-puerto de 70 mil habitantes. El ambiente que la rodea parece ideal: verdes llanuras y un río con islas con frondosa vegetación y miles de aves. Al llegar a la ciudad aparecen vertederos de basura que indican que algo no anda bien. Los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental aseguran que el campo está sembrado con soja y que los agroquímicos que utilizan los productores contaminan los ríos, que la ciudad no tiene vertederos seguros de residuos y que hay serios problemas con el medio ambiente.

Jorge Bevacqua fue uno de los fundadores de la Asamblea en 2006, cuando realizaron la primera caravana con 150 coches contra la fábrica de celulosa. Luego cortaron el puente Paysandú-Colón durante 15 días para impedir el paso de camiones con materiales para construcción de Botnia. La asamblea funciona de forma horizontal con reuniones semanales de hasta 30 integrantes. A las actividades que convocan acuden hasta 500 personas.

En pocos años se convirtió en uno de los colectivos más respetados de la ciudad. Su actividad principal es la difusión: han realizado decenas de charlas y ciclos de conferencias con especialistas en diversos aspectos que afectan al río, desde la flora y la fauna hasta las corrientes fluviales, siempre con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Bevacqua cree que el levantamiento del corte fue positivo. “El corte es una herramienta que puede ser positiva si se utiliza bien, pero acá se alargó mucho y se burocratizó porque dejó de ser un corte masivo y participativo. Se mantenía con una guardia de tres o cuatro personas en un galpón con televisión, duchas y baños. Eso hizo que la asamblea se desmovilizara. La herramienta del corte se desgastó y ahora es el momento para reflexionar” .

Cree que el corte terminó sujeto a la lógica de los medios y no a la voluntad interna del colectivo que lo impulsaba desde el principio. Aunque está de acuerdo en el monitoreo del río, cree que será muy difícil de implementar. “El gran problema va a ser cuando pase el tiempo y se vea que no hay ninguna solución con el monitoreo. Si se hace en serio van a saltar muchas cosas, incluyendo la contaminación por agroquímicos que genera un manto verde de algas muy tóxicas”.

El problema es que, según Bevacqua, los dos gobiernos tienen la intención de realizar un monitoreo de bajo perfil y que se producirá un debate más técnico que político. Sin embargo, la asamblea de Concepción de Uruguay tiene una lista muy amplia de temas ambientales de los que se viene ocupando. “La batalla de la isla y el puente nos va a consumir mucho tiempo”.

Se refiere a un proyecto del gobierno provincial de urbanizar la isla del río Uruguay más próxima a la ciudad y construir un puente para que los coches pueden ingresar a la isla. Esta obra supone una inversión de 25 millones de dólares que representa el triple del presupuesto anual del municipio. “Las obras empezaron de modo ilegal destruyendo árboles. El estudio de impacto ambiental que encargó el gobierno pasó a ser nuestra principal arma contra el proyecto”.

El cuestionado proyecto consiste en remover un millón de metros cúbicos de arena para levantar un terraplén y construir encima un avenida costanera a nueve metros de altura. El estudio oficial reveló que la isla cumple un papel de reproductor de la biodiversidad y encontraron nuevas especies vegetales que no estaban registradas en la provincia y tres especies animales en vías de extinción. “No queremos que se urbanice la isla”, señalan los ambientalistas.

Además denuncian el problema de la basura ya que el basural municipal colapsó en uno de los frecuentes desbordes del río Uruguay. Lo más grave es que no existe deposición segura de los residuos hospitalarios que suelen ser quemados a cielo abierto. Luego de las denuncias de la asamblea ambiental, el municipio se propuso trasladar el basural fuera de la ciudad pero los lixiviados son vertidos en un arroyo.

Por último, dice Bevacqua, está el gravísimo problema de los agroquímicos que en la provincia de Entre Ríos, como en todo el país son usados sin los debidos controles. “Fumigan con aviones sobre las escuelas y hay gente que quedó inmovilizada por el glifosato. Proponemos no fumigar hasta 500 o mil metros de la trama urbana. Además las cloacas vierten al río sin tratamiento. En Concepción hay una planta de tratamiento que incluye sólo una zona de la ciudad. Pero otras ciudades no tienen tratamiento de residuos o es muy parcial. Todo va a río”.

Para contrarrestar tanto problema, la asamblea comenzó a sembrar árboles en la ciudad, en particular en aquellos espacios donde han sido erradicados por el “progreso”. Comenzaron a principios de setiembre con 30 ejemplares de ingá-pitá, especie nativa de la zona. Y lo volverán a hacer cada domingo convocando a los vecinos a participar.

La asamblea también participa y promueve un debate de hondo contenido filosófico. A principios de setiembre la Universidad Nacional de Entre Ríos aceptó fondos de una empresa multinacional minera que explota el yacimiento Bajo la Alumbrera (provincia de Catamarca), que ha sido denunciado por contaminante. La empresa fue procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio, torio, e investigada por lavado de dinero.

La asamblea ambiental, que también integra la Unión de Asambleas Ciudadanas donde se congregan un centenar de colectivos que resisten la minería a cielo abierto, cuestionó al Consejo Superior de la Universidad por aceptar “fondos contaminados”. Llamó a la comunidad académica a reflexionar sobre esa actitud ya que consideran que la empresa debe pagar sus impuestos (actualmente son muy bajos) y a partir de ahí deben ser distribuidos entre el conjunto de las universidades nacionales. De lo contrario se mantiene una actitud clientelar con las multinacionales que eligen cuánto y a quiénes donan pequeños fondos o “limosnas”.

Un río amenazado por el desarrollo

A comienzos de septiembre las aguas de la represa argentino-uruguaya de Salto Grande bajaron de forma drástica, y sorpresiva para la población. La prensa informó que la bajante era consecuencia del llenado del embalse de la represa de Chapecó, construida por Brasil en el alto Uruguay entre los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul . Es la cuarta represa brasileña sobre el río, pero están previstas diez.

Hay una ya construida y otras dos proyectadas en el río Pelotas, que al juntarse con el Canoas forman el Uruguay. La primera parte del río transcurre por territorio brasileño, luego recorre la frontera entre Brasil y Argentina para finalmente hacerlo en la frontera entre Uruguay y Argentina. La construcción de diez represas sólo en el tramo de Brasil, más la gran represa de Garabí en la zona brasileño-argentina, preocupa a los ambientalistas.

El biólogo brasileño Paulo Brack sostiene que estas represas van a expulsar hasta 50 mil habitantes que viven en la ribera del Uruguay . Recuerda que uno de los más importantes movimientos sociales de Brasil, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) nació en esta región hacia los años 80. En esa época la dictadura militar quería convertir al país en una potencia energética, pero los proyectos de desarrollo -ironía de la vida- están siendo actualizados y puestos en marcha por el gobierno de Lula.

El modelo de desarrollo actual cedió a empresas privadas la producción de energía y la construcción de las grandes represas. Eso fue motivo de algunos escándalos. El estudio de impacto ambiental de la represa de Barra Grande, en el río Pelotas, fue realizado por Engevix, una de las empresas que más represas construyó en Brasil. Pero el estudio escondió la existencia de un bosque de araucarias de seis mil hectáreas que serían inundadas. La empresa fue multada con 10 millones de reales pero la obra ya estaba construida .

Con esos antecedentes sociales y ambientales hay alarma en Rio Grande do Sul. Brack asegura que si se construyen todas las represas, “el río Uruguay desaparecería como río”. Leandro Scalabrin, abogado del MAB y del MST (Movimiento Sin Tierra), coincide en que “el río no existe más. Fue transformado en un conjunto de lagos artificiales”. Y algo más grave aún: “La cantidad de personas asentadas por la reforma agraria en Rio Grande do Sul en los últimos 25 años es prácticamente la misma que las que fueron expulsadas del campo en los últimos 15 años” .

Esas represas no sólo fragmentan el río, impidiendo la emigración y movimiento de sus peces y afectando la biodiversidad, sino que fuerza a los campesinos a emigrar a las ciudades como desocupados sin futuro. Márcio Repenning, biólogo de la Pontifica Universidad Católica de Rio Grande do Sul, asegura que el caso de Barra Grande “fue el mayor desastre ambiental de la década en Brasil” y también “un paso para liquidar la cuenca del río Uruguay” .

Los campesinos que son realojados en otras zonas rurales abandonan la agricultura familiar tradicional. “Los afectados por las represas practicaban una agricultura nativa, familiar y de subsistencia y vendían el excedente. Producían de forma orgánica, con semillas propias y casi siempre tracción animal. Al trasladarlos a otras áreas con otro clima y otro suelo, se terminan dedicando a la soya y el maíz, producen para el mercado y usan agrotóxicos”, asegura Eduardo Ruppenthal, biólogo y especialista en desarrollo rural de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Al igual que China, Brasil es un país en plena expansión económica y en 2020 llegará a ser la quinta potencia mundial. Eso supone una carrera por la energía. Brasil tiene un consumo atípico: el 46% de la energía consumida en 2008 era para la industria y sólo el 24% para el sector residencial. “Este desbalance se debe a una industria intensiva en energía, los sectores exportadores de aluminio, hierro, acero, celulosa y cemento, que tienen en el agua y la energía barata su fuente de ganancias”, afirman los miembros de Amigos da Terra Brasil .

El consume de energía crece cada año un 8,5% pero la industria lo hace a un ritmo del 14%. El río Uruguay produce ahora 5.186 MW, pero su potencial es del 12.816 MW, el 5% del potencial nacional. Además de la industria, el agronegocio es el otro gran consumidor: la fabricación de fertilizantes agrícolas requiere mucha energía.

Pero la energía es una droga poderosa: alimenta a las grandes empresas, destruye el planeta, y cada vez necesita más y más energía para mantener el modelo en funcionamiento. “La descentralización de las fuentes de producción es fundamental para construir un nuevo modelo de matriz energética”, asegura Ruppenthal. Pero las pequeñas obras no generan ganancias a las multinacionales.

El creciente deterioro de ríos como el Uruguay, pero también el Xingú donde se instalará la represa de Belo Monte, el San Francisco, el Paraná, el Paraguay y casi todas las fuentes de agua del continente, parece un proceso imparable. En las ciudades, la población está demasiado lejos como para percibir los cambios y está anestesiada con el consumo. Y los ambientalistas siguen siendo una minoría que parece empeñada en predecir el Apocalipsis.