hOY ATARDECÍ PENSANDO...

hOY ATARDECÍ PENSANDO... el cacique SABINO ROMERO es el niño que grita "el rey está desnudo...el rey está desnudo..."

jueves, 9 de septiembre de 2010

Por defender el territorio está preso Sabino Romero,hijo histórico de la resistencia indígena

Sociedad Homo et Natura

Todos los pueblos originarios tienen sus propios sistemas de justicias, sus códigos éticos y morales soportados en sus particulares cosmovisiones y sistemas de valores que les han servidos desde tiempos inmemorables para resolver sus conflictos y problemas socios cultuales.

Deslastrándose de alguna manera entre pugnas de intereses los Estados Nacionales de sus orígenes vinculados con la ruptura cultural/espacial territoriales propias de naciones históricas, o de su pasado colonial viene aceptando y reconociendo en sus constituciones y leyes los derechos consuetudinarios de estos pueblos y naciones que viven dentro de los territorios nacionales; fue el 13 de septiembre del año 2007 cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego de más de dos décadas de discusión entre los representantes de los Gobiernos de los Estados Nacionales.

Desde la creación de los Estados Nacionales los pueblos originarios del mundo han tenido que pasar por la tormentosa situación de esperar que sus existencias sean reconocidas con sus modos y maneras de vida, costumbres y leyes particulares, así como sus territorios y linderos. Es hoy la clase o sector de clase con el poder que le otorga el Estado Nacional quien le impone tutoría, sumisión y obediencia para respetar sus existencias.

En Venezuela las leyes escritas reconocen desde la Constitución de 1999 estos derechos universales y por la vía de los hechos estas prácticas jurídicas propias de cada unos de los pueblos vienen siendo reconocidas, por esta razón se permite que conflictos mayores o menores en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia los Puchipú Wayuu resuelvan los conflictos entre miembros de la misma casta o entre miembros de castas distintas; en el estado Apure, en el Lorsa hace unos dos meses en el poblado los Manguitos un Cuiba asesinó en una riña a un joven del pueblo Pumé hijo de un ex Capitán muy querido y respetado por su pueblo, y hace apena dos semanas un Pumé mató a un Cuiba en una borrachera, y es público y notorio que las autoridades del Estado gobierno no intervienen para nada, pues manifiestan que se trata de asuntos entre indígenas.

Los conflictos o crímenes en el pueblo Yukpa también se ventilan y resuelven entre las autoridades Yukpa, antes y después de denominado caso Sabino – Olegario ocurrido el martes 13 de octubre de 2009. Sólo que este caso concreto fue producto de un montaje entre sectores del Gobierno y los ganaderos/parceleros invasores del territorio del pueblo Yukpa en el marco del proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos indígenas y de la construcción sobre su territorio de un complejo sistema vial multimodal cívico militar/minero/energético resguardado por cinco Bases Militares ya en construcción en los denominados Centros Pilotos. Sabino y su gente estorbaban, hay que limpiar la zona de la resistencia indígena, de lo contrario estos mega proyectos no se podrán implementar. La criminalización gubernamental por parte de la Ministra de los Pueblos Indígenas, del Viceministro del Ambiente, Sergio Rodríguez, del Ministerio de Relaciones del Interior y Justicia en boca del Ministro Tareck y de su abogada Ivett Ortega (representante del ministerio en la comisión regional de demarcación), así como del abogado del gremio ganadero GADEMA Alfonso Chacín (hoy unos de los abogados del cacique imputado de Guamo Pamocha Olegario Romero Romero) y el presidente del Frente Revolucionario Campesino para el Pequeños y Medianos Productores, Oscar Carrillo, el Consejo Legislativa del Zulia, el Rectorado de LUZ, el diario La Verdad y algunos programas de radio de emisoras de Machiques abonaron el terreno para permitir un desenlace violento que se veía venir en cualquier momento, tal como hoy la misma abogada Ortega con un supuesto encargado de las haciendas el Chaguaramo-El Higuerón denominado Miguel Arteaga vienen montando en la comunidad Koropo en la cuenca media del río Negro/Centro Piloto Toromo con la alianza una vez más del Ministerio Indígena.

Sin importarle, en primera instancia, a la abogada del Ministerio del Relaciones del Interior y Justicia Ivett Ortega, que el artículo 61 de la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas (LOPCI) prohíbe la ejecución de desalojo alguno mientras existan el proceso de demarcación de las tierras indígenas, mas al contario el artículo 46 obliga a la Comisión Nacional de Demarcación a pagar la indemnización al hacendado cuando exista un conflicto con los pueblos indígenas por tenencia de tierras, y, en segunda instancia, reunirse y acompañar a ganadero, o al presunto encargado, y a dirigentes Yukpa del Centro Piloto Toromo afectos a la Ministra Indígena a desalojar este próximo viernes 10 del mes en curso a los hermanos Yukpa de la comunidad Koropo de las fincas invasoras a su territorio ancestral Chaguaramo-El Higuerón que podría motivar enfrentamientos violentos como los que motivó este mismo ministerio el martes 13 de octubre del año pasado en la comunidad Guamo-Pamocha.

Sabino y el resto de los indígenas presos en la Cárcel Nacional de Trujillo por decisión del magistrado Eduardo Ramón Aponte Aponte de la Sala Penal del Tribunal Supremos de Justicia sufren un juicio montado, amañado, viciado, político y monitoreado por el GADENA y el Estado gobierno muy en concreto en los Ministerios Público y de Relaciones de Interior y Justicia.

Este viciado juicio fue antecedido: a) por un largo proceso de criminalización contra los dirigentes Sabino Romero Izarra y Lusbi Portillo (2004-2009), b) por una posición parcializada y política por parte de responsable del CICPC Machiques, en cuya sede se torturó a Alexander Fernández Fernández para que culpara a Sabino y se auto culpara, c) por una detención ilegal y arbitraria a Sabino en el Hospital Coromoto de Maracaibo, por parte 4 funcionarios del CICPC Maracaibo y más de 20 efectivos de la Guardia Nacional orientada desde Caracas, d) por su secuestro (no se le permitía visitas de los abogados, prensa y familiares) por varios días en el Hospital Militar de Maracaibo, e) nunca hubo orden de captura ni documento alguno que manifestara la causa de su detención, f) nunca se la ha reconocido su condición de víctima, de herido, g) por un desequilibrio jurídico siete abogados/Fiscales acusadores asigna el Estado gobierno, hoy se nombró sólo tres fiscales, h) por nombrar un Fiscal enemigo de Sabino, Víctor Raúl Valbuena (hoy recusado), con fuerte inclinación a favorecer a los ganaderos y militares agresivos del Fuerte Macoa contra Sabino y su familia, i) porque el Fiscal 40, Víctor Raúl Valbuena, nunca permitió que Sabino tuviese copia del informe del caso que llevaba dicha Fiscalía relacionado con la muerte de su anciano padre José Manuel Romero donde se acusaba al presunto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas, j) porque la Jueza de Control del Circuito Judicial Penal de la Villa abogada Judith Esperanza Rojas, que negó la justicia indígena, la reconstrucción de los hechos y la presencia en el juicio de académicos expertos en la cultura y jurisdicción Yukpa, pertenece al sector ganadero, k) porque Sabino y Alexander durante la estadía de 10 meses en instalaciones del Fuerte Macoa de Machiques fue torturado sicológicamente, l) porque la esposa, hijas y hermanas de Sabino fueron obligadas a desnudarse en presencia de los soldados y su hija Guillermina Romero Martínez en el mes de diciembre del año pasado casi fue violada por uno de los soldados que controlan la visitas (denuncia formulada en la Fiscalía 2 y 3 de Maracaibo, el caso engavetado), m) por más de 10 meses de mora por parte de la Magistrada Ponente y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Dra. Luisa Estella Morales para responder al Amparo Constitucional introducido ante la Sala Constitucional el 10 de marzo del presente año por los abogados de Sabino y Alexander, n) por responder al Amparo Constitucional a través de la pagina Web 10 días después de la toma de una de las puertas de las instalaciones del TSJ por más de 90 indígenas Yukpa y dirigentes sociales de todo el país, ñ) porque el cuestionado y hartamente denunciado Magistrado Aponte Aponte utiliza la Sala Penal del TSJ para erradicar el juicio en el estado Trujillo valiéndose de dos mentiras: una supuesta conmoción pública en las comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá y porque las actividades y acciones de los grupos sociales solidarios con los Yukpa, que ahora estamos y permanecemos en Trujillo, estábamos socavando la neutralidad del juicio realizado en la ciudad de Maracaibo, o) porque esta decisión en verdad sirvió para quitarle el juicio a la Jueza Erika Carroz del Circuito Judicial del Zulia por manifestar verbalmente y por escrito que ese juicio debería realizarse en la jurisdicción especial indígena Yukpa de acuerdo a los criterios de los abogados defensores y a la Constitución, así como el traslado de los imputados a un lugar de reclusión más consonó a su condición de indígenas, conforme a la ley y a los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela, p) porque el Juez del Circuito Judicial de estado Trujillo Antonio Moreno Matheus violando la LOPCI y el Convenio 169 de la OIT suscrito por Venezuela enviando a los tres imputados indígenas a la Cárcel Nacional de Trujillo, q) porque que dicho Juez niega la jurisdicción especial indígena, tal como hizo en su momento la Jueza de Control Judith Esperanza Rojas y r) todo este formato es monitoreado por el Ministro Tareck del Ministerio de Relaciones y Justicia que manifiesta públicamente que estos hechos violentos acaecidos el martes 13 de 2009 en la comunidad Guamo Pamocha nada tienen que ver con el proceso de demarcación de tierras indígenas, y que no se está violando los derechos indígenas, manifestó en reunión con caciques Yukpa en el Tukuko el viernes 30 de julio porque en caso de narcotraficantes y asesinos la jurisdicción a aplicarse en Venezuela es la ordinaria, no la indígena, esta interpretación nada tiene que ver con la verdad jurídica y científica; los dirigentes dignos que le replicaron en la reunión intentaron ponerlos presos los caciques afectos al Gobierno y miembros de Consejos Comunales por orientación de la Ministra Indígena también presente.