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hOY ATARDECÍ PENSANDO... el cacique SABINO ROMERO es el niño que grita "el rey está desnudo...el rey está desnudo..."

miércoles, 15 de septiembre de 2010

La imposible domesticación del pueblo mapuche

Raúl Zibechi

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150
años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre
celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra
todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la
Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de
autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto
del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la
frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.
Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en
“reducciones”, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban
y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus
costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del
general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia
mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura
le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia
por medio del avance de las grandes empresas forestales y la
construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche
cuenta con sólo 3 hectáreas.
En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil
hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas
que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias
indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41
por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por
ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios
indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando
pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la
ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.
La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se
inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que
no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble
procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia
militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que
restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del
territorio mapuche.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el
18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo
en la ley chilena “podría resultar demasiado amplia y ha permitido que
miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos
de protesta o demanda social”. Agrega que la aplicación de esa ley se
presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile “se ha
aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches”.
Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche.
Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa
forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores
en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones,
se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos
humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de
tierras “tienen mucha influencia en los gobiernos” (El Mostrador, 3 de
septiembre de 2010).
Es la “justicia del colonizador”, como señala el politólogo mapuche
José Marimán. “Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a
otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda
categoría o colonizados”. A los mapuches se los tortura con total
impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base
en montajes falsos, “sin que nadie los desagravie cuando se prueba la
falsedad de las acusaciones”, y “algunos son juzgados por tribunales
militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a
los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar
piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate” (El
Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).
La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de
la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma
inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente
la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y
potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera,
auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche
empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de
hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a
romper el cerco.
No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al
pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la
propia historia y cosmovisión mapuche. “En Wallmapu no se desarrolló
una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y
Mesoamérica”, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los
colonizadores, “al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de
tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una
situación compleja de abordar hasta el día de hoy”. Mundos tan
diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.
A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda
escisión de carácter colonial: “Se nos habla de igualdad, fraternidad
y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de
segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas”, señala
Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios
sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión
similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados
potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el
triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales
discriminadoras.
El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por
la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión
con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas
electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de
abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo
pueblo.