hOY ATARDECÍ PENSANDO...

hOY ATARDECÍ PENSANDO... el cacique SABINO ROMERO es el niño que grita "el rey está desnudo...el rey está desnudo..."

martes, 19 de enero de 2010

La justicia sicaria contra los yukpas

Sociedad Homo et Natura

Por lo menos en Venezuela

El símbolo que representa la justicia debe tener un ojo vendado y otro abierto y en sus manos debe sostener sólo la espada

Es bestial el agavillamiento del Estado gobierno contra los líderes indígenas yukpa presos Sabino, Olegario, Alexander e Israel (menor de edad) por defender el derecho a poseer un territorio como pueblo indígena.
Desde que se inició el proceso de demarcación de tierra en el 2004 por parte del Estado gobierno a los pueblos indígenas yukpa y barí han transcurrido casi seis años acción gubernamental de interrogatorios, torturas, enfrentamientos con el sicariato/ganadero, Guardia Nacional, Ejército, infundadas acusaciones, criminalizaciones a sus líderes insobornables, exclusiones sectoriales, divisiones, compra de conciencia a caciques, manipulación con bolsas de comidas, consejos comunales, camiones, inadecuadas e etnocidas viviendas, créditos a dedos, vías de comunicación y mucho show mediático…
Estas acciones gubernamentales fueron el antecedente que acompañó el enfrentamiento (inducido por este sector del Gobierno) entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha de la cuenca del río Yaza, sector más unido y combativo en la lucha y recuperación de su territorio ancestral en manos de los ganaderos ocupado con la anuencia y financiamiento del Estado y de todos los Gobiernos de turno.
Desde el 2004, diez ministerios coordinados por la Ministra del Ambiente, pero en la práctica por los Ministerios de Relaciones Interiores, Justicia, de la Defensa e Indígena, hicieron hasta lo imposible para dejar a los pueblos yukpa y barí sin territorio. Sus derechos territoriales, en el caso del pueblo yukpa, expresado físicamente en la autodemarcación de su territorio propuesta que fue entregada al Estado gobierno y negado a través de la imposición de la contrapropuesta gubernamental donde pierde el pueblo yukpa una enorme franja de su territorio oeste límite con la república de Colombia apetecida por el estamento militar y la otra franja al este su territorio está invadido por hacendados y parceleros campesinos apoyados por el Gobierno.
Esta lucha de los indígenas de la Sierra de Perijá por sus territorios ancestrales, en esta etapa del 2004-2009 está marcada por acciones insólitas ejecutadas por el Gobierno contra de la dignidad, unidad e integración del pueblo yukpa, como es el caso de la construcción de la compra de conciencia y el quiebre de caciques para defender intereses del Gobierno a expensas de los intereses de sus comunidades, o la pretendida construcción de dos Bases Militares en las comunidades Tukuko y Toromo, o el Centro Chamánico de Toromo (donde no hay Chamanes) inconcluso pero registrado administrativamente como terminado e inaugurado, o el fracaso del mil millonario Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa, que coordina o coordinó el Ministerio de Relaciones y Justicia, y paren de contar.
Pero hay tres hechos extraordinarios, además de la detención de los cuatro indígenas y la negativa de poder ser juzgados por el derecho especial indígena del pueblo o nación yukpa, que desenmascaran el carácter fascista de este sector del Gobierno, uno está vinculado directamente con la Fiscalía a cargo del abogado acusador Víctor Raúl Valbuena, quien aspira hoy al cargo de Fiscal Superior del Zulia, y su Auxiliar Abigail José Rodríguez Jiménez que están relacionado al caso engavetado de la muerte del anciano José Manuel Romero, padre de Sabino; pero desempolvado cuando el Ministro de Relaciones y Justicia se vio obligado a manifestar públicamente que la muerte del anciano papá de Sabino no quedará impune, sin embargo, no hay acusados y se volvió a guardar el expediente.
El pueblo yukpa manifiesta que el padre de Sabino murió cuando el presunto propietario de la hacienda Kusaré de apellido Vargas (donde hoy se asienta el pueblo Guamo Pamocha) acompañado con hombres armados irrumpieron en la comunidad vecina Chaktapa (anterior hacienda Tizina de un tío del señor Vargas) y golpearon al anciano, muriendo a los pocos días. Nada hizo la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público con sede en Maracaibo. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era un rico.
Lo más triste de esta historia es que el abogado Valbuena hace unos días atrás era Fiscal Indígena, en los tiempos de la Dra. Josefa María Camargo. Patético Fiscal y mal ejemplo para su aprendiz Rodríguez Jiménez, que ahora está entrampado en un juicio político dirigido desde Caracas contra Sabino y Olegario, y estos otros dos indígenas, a los que hay que darle un castigo ejemplar, para que no sigan ocupando hacienda y rechazando la propuesta gubernamental de demarcación.
El otro suceso extraordinario vinculado al Estado gobierno, en este caso a la Guardia Nacional y el Ejército, así como a la Fiscalía Cuadragésima Primera, es la violación a los Derechos Humanos a un grupo de familias yukpa lideradas por Sabino y familias de Olegario y a 44 ecologistas, luchadores sociales y trabajadores de emisoras y televisoras comunitarias que el día 22 de agosto de 2008 cuando pretendían llevar medicinas y comida a las familias afectadas de las comunidades que recientemente ocupaban las haciendas Tizina y Kusare.
En este suceso participaron los tenientes Ramírez, Bastidas y Chirinos, este último acusado por Sabino Romero Izarra el día 15 de enero de 2010 (antes de ser suspendida la Audiencia Preliminar) en presencia de la Jueza, los Fiscales y los abogados defensores de quererlo matar a través de un simulacro de fuga.
La situación violenta vinculada a la tenencia de la tierra fue cuestionada por el propio Presidente Chávez en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto de 2009.
Para detener el acceso (por orden del General Izquierdo Torres) a las comunidades en lucha, guardias nacionales y efectivos de ejército, ese día golpearon con armas largas e detonaron más de 300 balas con armas de guerra casi rozando los cuerpos de los presentes; este caso permanece también engavetado en la Fiscalía Cuadragésima Primera. La justicia abrió un ojo y se dio cuenta que el agresor era unos de los factores del poder más importante en esta revolución. Este es el tercer hecho extraordinario.
El cuarto suceso extraordinario de la política del Estado gobierno en materia fronteriza e indígena en la Sierra de Perijá está en el hecho en que supuestamente la Jueza Nelly Mestre, a mediados del año 2009 fue sustituida de su cargo por la hoy Jueza Yudith Esperanza Roja, porque en un caso de delito indígena declinó a favor del derecho consuetudinario Wayuu. La justicia abrió el otro ojo a favor del pobre, pero de inmediato se lo taparon.
Con que cara viene ahora el Gobierno o la Fiscalía Cuadragésima a acusar a Sabino, o al resto de los indígenas presos en el “Guantánamo” Fuerte Macoa, o la Fiscalía Vigésima de Machiques que desde que fue creada ni siquiera aceptan las denuncia formuladas por los indígenas, cuando sus derechos son violados por los ricos hacendados o por el Estado gobierno opresor. Cuantas veces nos hemos vistos obligados a acudir al Fiscal General de la República, en Caracas, o al Fiscal Superior en Maracaibo para obligar que esta Fiscalía de Machiques acepte y canalice las distintas denuncias que los indígenas formulan. La justicia uso la espada porque al abrir el ojo destapado supo que eran pobres.
El quinto suceso extraordinario de la política en la Sierra de Perijá del mal gobierno, está expresada en la detención e interrogatorio del 5 de agosto de 2008 por parte de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con sede en el Fuerte Macoa, que sufrió el archiconocido dirigente nacional socialista Santiago Arconada cuando era Vicepresidente del Instituto para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) adscrito al Ministerio del Ambiente.
Este hecho tiene como marco las relaciones de trabajo que mantiene con dirigentes y comunidades yukpa, donde le tocaba desarrollar su trabajo en Perijá y con las ONG ecologistas como lo es Sociedad Homo et Natura; así como su participación el día 13 de julio del mismo año en una concentración convocada por toda la dirigencia yukpa en la sede del Instituto Nacional de Tierra (INTI) de Machiques. De las diez preguntas formuladas dos de ellas estaban dirigidas en saber su relación con los ciudadanos Lusbi Portillo (4ta. pregunta) y Sabino Romero Izarra (5ta. pregunta). Firman el “Acta de la Entrevista” José S. Villegas Marrero, Tcnel. (EJNB.) de la Oficina de Inteligencia de la 12 Brigada y Jehovell Acevedo, Stte. (EJNB.) Asesor Jurídico.
El Ministro de Relaciones Interiores y Justicia y el Vicepresidente Ejecutivo deben entender que no existen pruebas suficientes desde la visión del derecho ordinario para condenar a estos indígenas presos y que lo más recomendable sería que este caso sea transferido y tratado por el derecho especial indígena, al mismo tiempo se solicita que acepte la autodemarcación indígena para evitar más conflictos. Déjense ayudar señores del Gobierno. La verdad está en el Pueblo Soberano.